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Decisores políticos

Altos cargos ministeriales y sus equipos encuentran información sobre ciencia, tecnología y empresa en la que apoyarse en su toma de decisiones de política pública de I+D+I.

Dentro del sistema español de ciencia, tecnología y empresa, los decisores políticos desempeñan una función esencial en la toma de decisiones encaminadas a diseñar el rumbo de las políticas de investigación científica y desarrollo tecnológico, la planificación de las mismas en su dimensión temporal y la coordinación de los diferentes agentes que componen el sistema, con el fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la implementación de dichas políticas.

  

  • Comisiones de ciencia e innovación de las Cortes Generales. Las Comisiones de Economía y Competitividad del Congreso y del Senado regulan los asuntos relacionados con la I+D+I, tales como el proyecto de ley de la agencia estatal de investigación.
  • Comisiones de ciencia e innovación de los parlamentos autonómicos. El desarrollo legislativo y normativo del Título 8º de la Constitución Española y de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas ha sido constante desde su promulgación, lo que ha conllevado la creación de órganos regionales de planificación y decisión en este ámbito, y la aprobación de planes regionales de I+D e innovación con diferentes denominaciones.
  • Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CDPCYT). Es el órgano del Gobierno que lleva a cabo la planificación y el seguimiento de la política científica, tecnológica y de innovación; y la coordinación entre los ministerios.
  • Ministerios con competencias en I+D+I. Los principales ministerios encargados de la política de ciencia e innovación del Gobierno durante la actual legislatura (X Legislatura 2011-2015) y que realizan el 99% del gasto destinado a I+D+I en 2013 son por este orden:
    • Ministerio de Economía y Competitividad (con el 76,7% del total).
    • Ministerio de Industria, Energía y Turismo (18,6%).
    • Ministerio de Defensa (2,4%).
    • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (1,6%).
 
El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de su Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, aglutina las principales competencias en materia de I+D+I, como son: elaborar la propuesta, gestión, seguimiento y evaluación de los programas de los planes nacionales de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; definir las exigencias del Plan Estatal en materia de relaciones internacionales y establecer previsiones para su ejecución, en colaboración con los órganos competentes de la acción exterior del Estado. Asimismo, coordina y realiza el seguimiento de los programas internacionales de I+D, con participación española, en coordinación con los otros departamentos competentes. Por último, orienta la política de formación de investigadores en todos sus niveles, propone medidas para el impulso del empleo de los mismos y facilita su movilidad en los ámbitos investigador y productivo.
 
  • Consejerías con competencias en I+D+I de las Comunidades Autónomas. Aun cuando las competencias en investigación y desarrollo pertenecen a la Administración General del Estado, éstas no son excluyentes con las de las CCAA, quienes, apoyándose en las competencias establecidas en sus respectivos estatutos de autonomía (en algunos casos claramente delimitadas), han apoyado el desarrollo de su propio sistema regional de ciencia-tecnología-innovación como base de su prosperidad.
Prueba de esta creciente implicación de las CCAA en las políticas de ciencia y tecnología es la aparición de consejerías con competencias en I+D+I en todas las administraciones regionales, donde el esfuerzo legislativo y normativo se ha visto acompañado de la asignación de crecientes recursos económicos. 
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