MEIC fecyt ICONO

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entró en vigor el 3 de diciembre de 2011. Sustituye a la Ley de la Ciencia de 1986 y adapta la legislación al gran progreso experimentado por el sistema científico español en los últimos años, al mismo tiempo que facilita el cambio de modelo productivo.

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación surge a partir de cinco situaciones que distinguen el actual contexto del sistema español de ciencia, tecnología e innovación del que existía en el momento de aprobación de la ley de 1986:

  • El desarrollo de las competencias autonómicas en investigación e innovación requiere nuevos mecanismos de gobernanza basados en la cooperación.
  • La creciente dimensión europea de España hace necesario un nuevo marco legal que regule los mecanismos de coordinación y de colaboración entre las administraciones públicas y facilite el protagonismo español en la construcción del espacio europeo de investigación y del espacio europeo de conocimiento.
  • El salto cuantitativo y cualitativo en los recursos públicos exige una transformación del actual modelo de gestión de la Administración General del Estado hacia una nueva esquema: la Agencia Estatal de Investigación.
  • La consolidación de una comunidad científica y técnica profesionalizada, competitiva y abierta al mundo necesita un marco legal que apoye una carrera científica y técnica predecible, basada en méritos y socialmente reconocida.
  • La transición hacia una economía basada en el conocimiento y en la innovación.

La ley tiene como objetivos:

  • Una carrera científica estable, predecible y basada en méritos, capaz de retener y atraer talento, y que facilita la movilidad de los investigadores.
  • Promover la innovación y la transferencia de conocimiento al sector empresarial y a la sociedad.
  • Crear una Agencia Estatal de Investigación que garantizará una mayor eficiencia y eficacia del gasto público en I+D.

Para los investigadores, la nueva ley favorece:

  • La promoción por méritos científicos, además de mejorar la estabilidad profesional de los investigadores que hayan demostrado su excelencia, reconocer al personal técnico de investigación y crear un nuevo contrato especial para investigadores distinguidos.
  • La movilidad entre universidades y organismos públicos de investigación, a través de pasarelas, y del sector público al privado, con excedencias especiales para crear empresas de base tecnológica.

Para las empresas que quieren apostar por la innovación:

  • Las que comienzan se benefician del estatuto de "joven empresa innovadora", una nueva figura para apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.
  • Y las que ya tiene experiencia en I+D tienen más facilidades para cooperar con el sector científico y se benefician de la movilidad de investigadores desde el sector público.

Para la sociedad:

  • Más calidad para la ciencia española, a partir de una apuesta firme por la investigación de excelencia.
  • Ayudar al cambio del modelo productivo con dos medidas clave: la Estrategia Estatal de Innovación y el Estatuto de Joven Empresa Innovadora.

Para los decisores políticos, la ley aporta el marco de actuación de los agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación para el diseño e implementación de una gobernanza, en la que:

  • Se reconoce a todos y cada uno de los agentes, y su papel en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.
  • Se define e implementa el papel propio de las administraciones públicas, de cada una y del conjunto de las mismas.
  • Se define e implementa una gestión colaborativa del sistema público.
  • Se establecen unas reglas de juego operativas, eficaces, eficientes y equitativas, basadas en la igualdad de oportunidades, para el conjunto y para cada uno de los agentes.
Gobernanza

El sistema español de ciencia, tecnología e innovación está integrado por el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de financiación, de ejecución, o de coordinación en el mismo. En lo que al ámbito público se refiere, el sistema incluye las políticas públicas desarrolladas por la Administración General del Estado y las desarrolladas por las comunidades autónomas.

La Administración General del Estado tiene la competencia de coordinación general de las actuaciones de investigación científica y técnica. La coordinación se asienta sobre:

  • La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Española de Innovación, de nueva creación, que constituyen el marco de referencia plurianual para alcanzar los objetivos compartidos por todas las administraciones territoriales.
  • El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, formado por representantes de máximo nivel de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
  • El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que asesora al anterior y en el que están representados los agentes económicos y sociales.
  • El Comité Español de Ética de la Investigación, que es el órgano consultivo encargado de velar por la ética de la investigación.
  • El sistema de información sobre ciencia, tecnología e innovación.

En la Administración General del Estado, el órgano de coordinación previsto es la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica e Innovación. Además, la ley crea dos instrumentos de planificación plurianual: el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, y el Plan Estatal de Innovación.

Agentes de financiación

La ley prevé los siguientes agentes de financiación en la Administración General del Estado: la Agencia Estatal de Investigación, de nueva creación, y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, orientado al fomento de la innovación.